La necesidad de contar con nuevas formas de generación y almacenamiento de energía menos contaminantes y más accesibles ha posicionado al litio como elemento clave para el desarrollo tecnológico a nivel mundial.
Prácticamente cualquier aparato electrónico que utilizamos requiere de baterías, desde celulares, laptops, autos eléctricos y hasta aviones de última generación[1]. Las baterías de litio presentan varias ventajas con respecto a las pilas tradicionales, mayor vida útil, mayor tiempo de almacenamiento y menor peso. Estas cualidades, además de la posibilidad de recarga y descarga, lo han convertido en uno de los elementos favoritos para la fabricación de baterías requeridas para aparatos electrónicos y vehículos eléctricos.
Aunado a lo anterior, el litio juega un papel clave para la transición energética, ya que provee una solución a la intermitencia de las energías renovables, permitiendo almacenar energía que pueda ser utilizada cuando las instalaciones eólicas o solares no puedan generarla.
Durante los últimos años, el mercado de litio ha crecido significativamente. La producción mundial en el 2021[2] superó las 100,000 toneladas, un aumento de 21% con respecto al 2020; triplicando el volumen entre 2015 y el año pasado. Además, la exploración continua de nuevos yacimientos ha provocado que las reservas de litio mundial hayan incrementado sustancialmente durante el último año, en 2021 sumaron alrededor de 89 millones de toneladas.
Hoy en día, México no cuenta con yacimientos en explotación; según el Servicio Geológico de Estados Unidos, México se encuentra en el lugar número 10 de países con mayores reservas de litio a nivel mundial, aunque en etapas muy tempranas de desarrollo.
El pasado 20 de abril del 2022, el Senado de la República aprobó reformar la Ley Minera en la que se nombra al litio como patrimonio de México, lo que implica que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento estarán a cargo exclusivamente del Estado a través de un organismo público descentralizado. Se le declara de utilidad pública, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia.
Lo anterior implica retos técnicos y financieros importantes. Por un lado, una gran inversión por parte del gobierno mexicano, a la par de tecnología y recursos humanos especializados que permitan explotar este recurso. Para lograr lo anterior, México requiere un entorno de certidumbre jurídica que fomente la inversión para transitar a energías más limpias y competitivas a nivel mundial.
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